Cerrejón cuenta con un proceso de debida diligencia para promover el respeto de los derechos humanos y garantizar que sus operaciones se realizan de forma armónica y respetuosa con sus grupos de interés y el medio ambiente. Este proceso busca una adecuada identificación de impactos sociales, ambientales y en derechos humanos; la definición de medidas para su manejo; la comunicación abierta y permanente con los grupos de interés; la integración de las medidas con los sistemas de la operación y la atención de quejas.
Para apoyarlo, desde 2005, la empresa adoptó una política de Derechos Humanos alineada con el respeto de la legislación colombiana, la Declaración Universal de los DDHH, las convenciones básicas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos y demás estándares internacionales adoptados.
“Contar con las políticas actuales y el proceso de debida diligencia en derechos humanos nos ha permitido mejorar nuestro entendimiento sobre posibles impactos causados de la operación, más allá de los mínimos legales. La realización de estudios participativos, las socializaciones para obtener retroalimentación y recomendaciones y la gestión constante de quejas nos ha permitido tener un acercamiento mayor con los grupos de interés para entender mejor la fuente de sus preocupaciones”, manifestó Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Publicos y Comunicaciones de Cerrejón.
El proceso también ha servido internamente para fortalecer la gestión, documentación y el seguimiento, en el marco de sistemas de gestión, que buscan siempre la mejora continua. El proceso de debida diligencia es un mecanismo efectivo para prevenir riesgos para la compañía, pero fundamentalmente para prevenir impactos sobre terceros, demostrando así un compromiso real de la empresa con el bienestar de los colaboradores y de las comunidades vecinas.