Por: Nación Wayuu ONG

Las tragedias en los territorios indígenas wayuu no cesan, pareciera que se ensañaran contra esta población sumergida en el olvido y el ostracismo por quienes durante décadas se han enriquecido a costa del sufrimiento de su pueblo.

Las cifras de muertes de niños por física hambre y sed cada dia aumentan más, escenas desgarradoras de madres desesperadas llorando a sus hijos son imágenes cotidianas en las casa de bareque donde velan a estos niños fallecidos.

Hace apenas una semana en una comunidad ubicada en el municipio de Uribia, falleció una niña por posible desnutrición ante la indiferencia de una institución garante de sus derechos como lo es el ICBF Regional la Guajira; es que está niña llevaba varios meses postrada a causa del hambre que los está asesinando y lo más triste falleció esperando ser atendida por los programas que brinda el ICBF en la Guajira.

Cómo si no bastará con la muerte de niños wayuu ocasionadas por el flagelo del hambre, ahora a estos niños que intentan levantarse y educarse en los principales centros etnoeducativos, vehículos que transitan a altas velocidades por sus territorios, los están asesinando; es que no existen garantías de pervivencia para este pueblo indígena revestido de protecciones constitucionales especiales.

No han pasado tres meses de que un niño wayuu de tan solo diez añitos en el municipio de Uribia, fuese asesinado por el vehículo de la empresa de parques eólicos ISAGEN, cuando está triste historia se vuelve a repetir en la humanidad de una niña de siete años que fuese arrollada el día 05 de septiembre del presente año en la vía que de Riohacha conduce al Municipio de Maicao, en momentos en que un improvisado transporte escolar la dejará sobre la vía.

El cuerpo de la niña, duró tendido sobre la vía por el lapso de dos horas, esperando que los organismos de control llegaran hasta el lugar y realizarán las respectivas diligencias de inspección al cadaver, pero eso nunca pasó, por más que se intentó por todas las vías notificar a la policía nacional.

Sin lugar a dudas este siniestro se convertiría en una estadística más de los niños asesinados sobre las vías por arbitrarios vehículos que transitan por estas arterias. Es que estas escenas no logran sencibilizar a la humanidad y menos de quienes dirigen los destinos del país, quienes orondos transitan por estas vías también a altas velocidades.

El día del siniestro, como activistas y defensores de los derechos humanos, pudimos evidenciar la indolencia en su máxima expresión, de la mano de los transeúntes que circulan por estas vías, quienes se sintieron tocados y vulnerados en sus derechos cuando los familiares de la niña fallecida, decidieron cerrar la vía en reclamación y manifestación a la vida de una niña wayuu que apenas comenzaba a vivir.

Un reconocido servidor público adscrito a la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Fiscal en el Departamento de la Guajira, fue el primero en indignarse y no precisamente por la muerte de la niña sino por lo que consideraba una grave violacion a sus derechos como ciudadano, los cuales él calificaba como delito y podría generar judicializaciones y posibles capturas que él podría ordenar cómo fiscal de la República. Acaso son estos los servidores públicos enquistados en el poder que dicen garantizar nuestros derechos?.

Finalmente, después de casi cuatro horas, dos altos oficiales de la Policía Nacional en el Departamento de la Guajira, llegaron hasta el lugar del siniestro en donde perdiera la vida la niña de siete años, ordenando la inspección al cadaver de la niña y así mismo se coordino la instalación de una mesa técnica para revisar y determinar responsabilidades frente al suceso que hoy una vez más enluta a una familia wayuu, que no solo el flagelo del hambre los asesina sino también la irresponsabilidad de quienes transitan a altas velocidades por las principales vías que invaden y dividen los territorios indígenas wayuu.