La ingobernabilidad representa una etapa de la historia guajira, marcada por la corrupción,
el atraso y la vergüenza.

Por Guajira Al Día

Improvisaciones contractuales, antecedentes penales y delitos electorales de sus mandatarios son entre otras, las causales del desmadre administrativo en la Gobernación de La Guajira en el curso de las dos últimas décadas.

En los últimos 24 años en la Gobernación de La Guajira han entrado y salido 15 gobernadores, en una etapa de su historia marcada por el atraso y la vergüenza.

Entre estos mandatarios hay algunos elegidos popularmente y otros designados por encargo. Esta inestabilidad administrativa es uno de los reflejos de la corrupción rampante de la clase política guajira en estas dos décadas y media.

Si bien este desmadre administrativo está relacionado con la corrupción hay algunos gobernadores que se pueden contar en las excepciones, advierten los observadores que, si bien la mayoría de mandatarios son considerados corruptos, otros no.

El nefasto conteo de gobernadores guajiros involucrados en hechos contra la administración pública lo encabeza Álvaro Cuello Blanchar, quien ejerció el cargo entre los años 1997 y 2000. A él, posteriormente la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó en los años 2004 y 2005 por hechos relacionados con irregularidades en la contratación con recursos públicos.

Hernando Deluque Freyle, elegido popularmente para el período 2001-2003, tuvo procesos disciplinarios y penales. Le fue, además, anulada su elección en 2003 por lo que tuvo que dejar el cargo seis meses antes de finalizar el período.

A “Nando”, como se conoce popularmente, el Consejo de Estado le anuló la elección debido a que se comprobó fraude en el proceso electoral.

Por otros hechos, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en la celebración y ejecución de contratos. Además, en 2016, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

José Luis González Crespo, del Partido Liberal y gobernador en el período 2004-2007, fue destituido e inhabilitado en 2010 por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en licitaciones. En 2012 a Corte Suprema de Justicia lo condenó a 10 años de cárcel por celebración indebida de contratos.

Para el período 2012-2015, fue elegido gobernador, Juan Francisco “Kiko” Gómez. Había sido alcalde de Barrancas, su pueblo natal. En pleno ejercicio de sus funciones, el 12 de octubre de 2013, en Barrancas, fue capturado por agentes especiales de la Fiscalía. En ese momento, se investigaba su posible relación con la banda criminal dirigida por Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, y el Bloque Norte de las Autodefensas, dirigido por alias Jorge 40 y Salvatore Mancuso. El ente investigador le acusaba de la posible comisión del delito de concierto para delinquir agravado; también era investigado por tres homicidios.

En 2014 fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación. En noviembre de 2016 fue condenado por los homicidios de Yandra Brito, de su esposo Henry Ustáriz y de su escolta Wilfredo Fonseca. Contra “Kiko” Gómez, quien llegó a la Gobernación por el partido Cambio Radical, pesan actualmente dos condenas de 55 y 40 años de prisión, respectivamente, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Este fue el inicio del mayor periodo de interinidad política en la Gobernación de La Guajira.

En 2016, para el período 2016-2019, Oneida Pinto Pérez fue la primera mujer elegida como gobernadora de La Guajira mediante la figura de voto popular.

La avaló el partido Cambio Radical, pero no pudo terminar su primer año como gobernadora porque en junio de 2016, el Consejo de Estado anuló su elección al encontrarla inhabilitada, pues para aspirar a la Gobernación, renunció a la Alcaldía de Albania, fuera de los tiempos que establece la ley.

En mayo de 2022, en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación lasancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, al comprobarirregularidades en un contrato suscrito cuando era alcaldesa de Albania, cargo por el cual mantiene en curso otras investigaciones.

Wilmer González Brito, elegido de manera atípica en 2016, para terminar el período de Oneida Pinto, fue acusado por la Fiscalía por irregularidades durante el proceso electoral donde resultó ganador. Según la justicia, se comprobó que habría comprado, mediante mercados y materiales de construcción, los votos de su campaña y omitió la declaración de 2.000 millones de pesos en el informe de ingresos y gastos. Fue condenado a 10 años de prisión y se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria.

José María Ballesteros Valdivieso fue elegido gobernador de La Guajira en comicios atípicos celebrados en junio de 2014, y terminó el período de gobierno regional en diciembre de 2015.  Fue el candidato de la “Gran Alianza”, conformada por los principales caciques políticos del departamento.

La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2019 a más de 14 años de prisión por hechos de corrupción en un contrato de investigación del dengue por más de 17 mil millones de pesos.

Por otra parte, en 2022 la Fiscalía lo acusó formalmente por irregularidades en la contratación de los programas de Transporte y Alimentación Escolar, PAE realizados en 2015.

Nemesio Raúl Roys Garzón, quien obtuvo la Gobernación por la coalición conformada por el partido Conservador, el partido de La U y Cambio Radical, para el período 2020-2023, tuvo que dejar el cargo el 21 de julio de 2022, tras un fallo de la Corte Constitucional que confirmó que había incurrido en doble militancia al apoyar, en la campaña regional de 2019, a dos candidatos de partidos diferentes a su coalición, a las alcaldías de Riohacha y Uribia.

A este rosario de destituciones y nulidades de elecciones, así como de condenas y encarcelamientos, se suman otras tantas investigaciones y procesos de responsabilidad fiscal de estos y otros exmandatarios, quienes son los responsables de una considerable cantidad de obras inconclusas, atomización las regalías y fallas en la contratación.

Ha sido tal el desgobierno que La Guajira es considerado un Departamento fallido.

Más que una triste historia de casi una decena de exmandatarios, lo que ha sufrido La Guajira es un devastador período de estancamiento, desorden administrativo y predominio de clases políticas que han saqueado sus arcas.

Pero más allá de esa desestabilización administrativa, más allá de esa ingobernabilidad, lo que ha sufrido La Guajira -entre tantas penalidades- es una crisis humanitaria de marca mayor como en cualquier zona de África, en donde han muerto por física hambre y desnutrición más de 5 mil niños indígenas de la etnia wayuu.

Lo que ha sufrido La Guajira es el saqueo brutal de sus recursos naturales por parte de multinacionales ante la indiferencia y complicidad de sus dirigentes políticos y gobernantes de turno, hechos que mantienen a La Guajira en los primeros lugares de pobreza, desempleo y desnutrición y la carencia casi total de servicios públicos tan elementales como el agua.